Un grupo de investigadoras e investigadores junto a organizaciones de migrantes llevan adelante la segunda edición de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina. Realizada bajo un enfoque de derechos humanos, está dirigida a mayores de 18 años independientemente de su condición migratoria actual: residentes permanentes, con ciudadanía argentina, refugiados o solicitantes de asilo. ¿Cuál es la situación de las personas migrantes en el país?, ¿En qué condiciones habitan? son algunas de las líneas de trabajo de la edición 2023.
Según los últimos datos publicados por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), a enero de 2023, las y los extranjeros con DNI en proceso digital y residencia en el país suman un total de 3.007.251. De esa totalidad, un 50% vive en la provincia de Buenos Aires. En este marco, conocer las condiciones en las que habitan es fundamental para el territorio bonaerense. “No es un censo. Lo que hacemos es tomar una muestra representativa para decir en qué condiciones viven”, explica Julieta Nicolao, investigadora de la CIC y una de las coordinadoras del proyecto.
Se trata de alrededor de 70 preguntas que abordan las siguientes variables: edad, género, lugar de residencia -provincia, región y localidad-, trayectoria y proyecto migratorio, motivos de migración, acceso a los tramites de residencia y DNI; acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, discriminación, participación social o política en Argentina y en su país de origen, entre otros. Según detalla la especialista, esta información es muy importante para la construcción de políticas públicas.
El enfoque de derechos humanos tiene como objetivo garantizar la participación integral de la población migrante en todas las fases de la encuesta, así como en la revisión, recolección, análisis y difusión de los datos obtenidos. “Tenemos la convicción de que las personas migrantes no son objetos de política pública o simple objeto de estudio, sino que se saben portadoras de derechos y de garantías”, detalla la especialista.
Además de la recolección de datos, el proyecto busca derribar mitos y prejuicios históricamente relacionados con la población migrante. “Hay una idea instalada sobre el aprovechamiento de los recursos públicos en términos educativos, de saturación de servicios sanitarios, de la utilización de programas sociales, etc. Lo que permiten las cifras que publicamos y que también dan lugar a artículos de difusión es derribarlos con evidencias científicas y estadísticas”, explica Nicolao aunque asegura: “es una batalla dura y desigual en el sentido de que hay mucha información que no tiene sustento estadístico, pero que tiene un nivel de reproducción y de multiplicación enorme”.
Promovida por la Red de Investigaciones en Derechos Humanos del CONICET, la primera edición se realizó en el año 2020, en pleno auge de la pandemia por el Covid 19. Por entonces, las personas migrantes no podían acceder a los permisos para realizar actividades esenciales, tenían problemas para circular por la vía pública, limitaciones para vacunarse, acceder a ayudas sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia, entre otras. “La iniciativa nace a demanda de organizaciones de la sociedad civil que necesitaban información actualizada, representativa y fidedigna sobre la situación en la que se encontraba esta población en un contexto muy particular”, explica Nicolao.
Con los resultados 2020, la provincia de Buenos Aires, mediante la Dirección de Migraciones Internacionales, accedió a datos inéditos sobre las condiciones de vida de esta población en el territorio. “Es la primera vez que un organismo provincial cuenta con este tipo de información”, explica la investigadora.
¿Qué se sabe hasta ahora?
Entre las razones migratorias, un 38% señaló motivos laborales dado que no lograban cubrir sus necesidades básicas, mientras que un 22% lo hizo para estudiar; un 16% buscando otras experiencias; un 14% por motivos de vinculación familiar y un 12% por persecuciones o violencia en su país.
El 65% de las personas encuestadas en el 2020 manifestó haber experimentado, al menos alguna vez, una situación de discriminación en Argentina debido a su condición migrante. Los principales lugares en donde se dieron estas situaciones fueron la calle, los medios de comunicación y ámbitos laborales.
En lo que respecta a la inserción laboral, el 37% señaló que su situación era inestable predominando la informalidad. En este marco, la cuestión de género se vió atravesada fuertemente dado que en las mujeres existe una mayor tendencia al trabajo no remunerado y se encuentran doblemente afectadas por el desempleo.
En materia de salud, el 46% de las personas indicó que basan su atención en el sistema de salud público, porcentaje mucho más importante entre quienes llegaron en los últimos cinco años, lo que marca el vínculo entre la precarización e irregularidad documentaria con la posibilidad de acceder a una obra social u otras alternativas.
La edición 2023 consta de dos instancias: la primera realizada de manera digital desde el mes de marzo al mes de junio, mientras que hasta la instancia presencial finalizará el próximo 20 de septiembre. “Tenemos muchísimas expectativas sobre este proyecto que está en curso”, concluyó la investigadora. Se estima que los nuevos resultados estarán disponibles en el transcurso del 2024.
Por: Mariana Hidalgo