Marcela Iraola tiene 53 años, es abogada, docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata y becaria doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas, experiencia que comparte junto a sus dos hijas, Florencia y Sofía Gimenez Iraola. Las tres son abogadas e investigan el campo del derecho vinculado a lo social. A días del comienzo del ciclo lectivo 2025 y en un contexto de críticas y desfinanciación hacía las universidades nacionales las becarias cuentan su historia, qué impacto tuvo la educación pública en sus vidas y por qué es importante sostener las universidades y el sistema científico tecnológico.
Marcela tenía cinco años cuando comenzó a soñar con la idea de ser abogada. Vivía en Guernica, al sur del conurbano bonaerense. Creció siendo la hija de Mabel y de Oscar, un carnicero y una ama de casa que solo hicieron unos años de la escuela primaria. Transitó la primaria en Guernica, lugar en el que estuvo hasta séptimo grado. A nivel social se vivían tiempos complejos: transcurría el período militar, el contexto socioeconómico no era el más favorable y las historias sobre personas desaparecidas empezaban a escucharse. Como el hijo de ‘doña Pocha’, que hasta el momento de su desaparición vivía a dos cuadras de su casa y junto a Mabel acompañaban a la mamá a una curandera o a tirarse las cartas para ver cuál había sido su destino. “En mi pobre sentido común de una nena de 5 años sentía que había derechos vulnerados y quería ser defensora de eso que nos pasaba”, señaló.
Por cuestiones laborales, la familia se mudó a la localidad de Claypole y Marcela continuó sus estudios en una escuela de Florencio Varela hasta quinto año, cuando quedó embarazada de Florencia, su primera hija. “En ese momento la escuela no me apoyó. Me decían constantemente que era un problema que yo asistiera. Y no puse objeción porque no sabía, era vulnerable”, comenta y agrega: “Provenía de una familia muy humilde, habíamos pasado muchas necesidades. Es como que todos te pisotean y bueno, una pisadita más ¿Qué vas a hacer?”. Esta institución quedaba a varios kilómetros de su casa y trasladarse implicaba tomar al menos dos colectivos.
Instalada en Mar del Plata y luego de haberlo intentado tres veces en distintos momentos de su vida, pudo retomar sus estudios a los 39 años de edad. Lo hizo en un bachillerato de adultos y desde entonces su vida académica no se volvió a interrumpir: finalizó la secundaria, comenzó la carrera de derecho y a los pocos años dio los primeros pasos en la investigación en el Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, Dra. Alicia Moreau, asociado a la CIC. Pero nada de esto hubiese sido posible sin algunos cambios que tuvieron que darse dentro del sistema universitario, científico y tecnológico.
Aunque tenía un excelente promedio académico, no podía acceder a una beca porque la reglamentación señalaba que las y los postulantes no podían exceder los 30 años de edad. En esa oportunidad tampoco bajó los brazos. “Yo no estaba pidiendo solo una beca, estaba pidiendo que me evalúen como evaluaban a una persona que había terminado en tiempo y forma el secundario ¿me entendés?”.
Una carta significó el punto de partida para superar este obstáculo y afirmarse en la investigación:
(…) “La alumna ha sido capaz de superar los obstáculos que la vida le ha planteado, intentando crecer día a día, aún a costa de las políticas económico-sociales adversas de fines del siglo pasado donde se hallaba sin posibilidad de acceso a la educación formal, por encontrarse trabajando para mantenerse y ayudar a su familia”, argumentaba. Luis Slavin, director del organismo y referente del derecho en la ciudad fue el encargado de darle forma a la nota que posteriormente se presentó ante la universidad.
Aunque el primer año no le concedieron la excepción porque finalizaba el ciclo académico, al siguiente directamente eliminaron la restricción. Esto ya se había modificado en CONICET y lo utilizaron como antecedente junto a tratados internacionales y otros argumentos que aseguraban que se trataba de un acto discriminatorio.
En la CIC estos cambios fueron aprobados en el año 2023: se eliminaron las restricciones por edad y se ampliaron e incorporaron nuevas licencias con criterios de equidad de género y protección de las personas gestantes, niñez y adolescencia.
“Bastantes obstáculos económicos y sociales deben superar estas personas para crecer en la vida, como para que una ordenanza administrativa, contraria a los Tratados Internacionales y a nuestra propia Constitución Nacional, les cercene aún más la posibilidad de avanzar en su desarrollo integral como persona y como profesional”, agregaba el documento. En ese momento Marcela estaba a ocho materias de recibirse y se sorprendió cuando leyó el contenido de la nota. “Durante muchos años no me sentí valorada, me acuerdo y me quiebro”, sostiene con lágrimas en los ojos.
Mientras la mayoría de las universidades reciben nuevos estudiantes y se preparan para iniciar un nuevo ciclo académico, desde el gobierno nacional se pone en duda el rol de estas instituciones. Sin embargo, para Marcela no hay lugar a la duda: “Es importantísimo sostener las universidades públicas porque de ahí parte el principio fundamental del ascenso social. Y me consta. De no haber sido por la universidad pública nunca hubiera podido acceder a una carrera de grado”.
Marcela, Florencia y Sofía comparten la experiencia de haber estudiado juntas y ser parte de la primera generación que accedió a estudios superiores dentro de la familia. En este sentido, Iraola sostiene que esa posibilidad es la que está en juego. “Destruir a las universidades es destruir el futuro, necesitamos las universidades abiertas y necesitamos al Estado presente”, afirma y agrega: “Estoy totalmente en contra de la meritocracia, es la romantización de algo que no tiene sentido porque al pobre se le exige mucho más que al que tiene todas las posibilidades”.
Hasta el momento en donde abandonó sus estudios, la abogada tenía un excelente promedio y la capacidad de estudiar y aprender; no obstante, el contexto socioeconómico, la maternidad y las tareas de cuidado y del hogar dificultaron la posibilidad de concluirlo.
“Cuando alguien me dice ‘vos te recibiste porque tenés mucha capacidad’, lo discuto porque capacidad o no, sin el acompañamiento del Estado, sin acompañamiento social, sin un acompañamiento familiar probablemente no lo hubiese podido hacer”, explica Sofia Giménez Iraola, hija de Marcela, abogada y becaria de la CIC. “Yo soy producto de la Universidad Pública, producto de mi viejo hombreando bolsas de cemento a las 6 de la mañana con 30º o -10º; soy producto del PROGRESAR, de la Asignación Familiar. Va más allá de tener o no tener capacidad. Llegar y que tu mamá te esté esperando con la comida no es meritocracia plena”, concluye la becaria.
Para la familia, el acceso a estudios superiores también significó la posibilidad de obtener trabajos que le permitieron tener una obra social o la posibilidad de terminar su casa. “Hacer una habitación para las chicas, tener el baño terminado, son cosas mínimas a las que no podíamos acceder y que hacen a la dignidad de las personas”, detalla Marcela.
En la actualidad Marcela, Florencia y Sofía creen en el ejercicio del derecho en función de las necesidades de la ciudad y de quienes más lo necesitan. Y para eso, el rol de instituciones de CyT que financian estas investigaciones es fundamental.
Mediante la beca de la CIC, Marcela trabaja en la evaluación y seguimiento de quienes no están inscriptos en el Registro Nacional de las Personas, con el objetivo de que puedan acceder a la justicia y obtener su DNI.
“El Documento Nacional de Identidad es el primer derecho que tiene una persona, sin eso no pueden acceder a todos los demás derechos”, comenta. Florencia investiga el Tratamiento de los residuos cloacales en Mar del Plata y el acceso de las y los vecinos a los mismos. Por su parte, Sofía estudia el acceso a la justicia ambiental. “La justicia es una institución a la que muchos grupos no acceden”, afirma.
“Mi primera computadora la compré ahorrando con las becas. Hoy una compu sale un millón de pesos y mis alumnos ya no tienen esa posibilidad”, cuenta Florencia que además de becaria, es profesora en un Centro de Formación Profesional de Mar del Plata.
Las becarias coinciden en que hubo una serie de situaciones que se conjugaron para que las tres pudieran finalizar sus estudios. En esa línea, y a punto de doctorarse en derecho, Marcela afirma que nunca dudó que, de alguna manera u otra, quería ayudar a quienes se encuentran en la situación en la que alguna vez le tocó estar a ella.
“Se trata de trasladar un poco de la ayuda que yo obtuve del Estado, al haberme permitido estudiar y recibirme de una carrera que también puede ayudar a otros”, sentencia.
Finalmente, el proceso de cursar materias juntas lo describen como una experiencia que las convirtió en amigas. “Si a una le iba mal, te ponías mal por la otra. Teníamos que aprobar las tres, nadie podía quedarse en el camino”, cierra Florencia.
Por Mariana Hidalgo