La salud mental ha ganado importancia en la discusión pública de los últimos años. En este contexto, hay una población en particular que cuenta con pocos datos actualizados respecto a su estado de salud psicológica: las personas gestantes y puérperas que están en situación de consumo problemático de sustancias.
En la Argentina no existe un solo dato oficial actualizado sobre consumo de sustancias durante el embarazo. La última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo con información sobre el tema es de 2019, previa a la pandemia. Mientras tanto, hospitales de distintos puntos del territorio bonaerense vienen registrando, año a año, más casos de personas gestantes que llegan al momento del parto con antecedentes de consumo problemático.
Motorizada por esta problemática la ciencia bonaerense puso manos a la obra para investigar de qué forma mejorar la atención en la salud mental de este grupo social. La investigación llevada adelante por un equipo interdisciplinario es dirigida por la Dra Jimena Parga del Laboratorio de Investigaciones de Lazos Socio Urbanos (LILSU) con sede en la UNLP. El proyecto cuenta con el apoyo de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) a través del programa Ideas-Proyecto.
A partir de un antecedente de investigación que Parga dirigió en la provincia de Mendoza y que interesó a autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia, el LILSU comenzó a trabajar en el estudio de dispositivos en hospitales bonaerenses. El objetivo no es cuantificar el consumo, sino algo más difícil de medir pero sumamente urgente: entender cómo actúa el sistema de salud cuando una persona gestante consume sustancias y crear herramientas para mejorar estos dispositivos de asistencia desde una perspectiva de derechos.
Para eso, el equipo realizó entrevistas semiestructuradas a profesionales de la salud —y también a personas usuarias — en hospitales con perfiles distintos en las localidades de La Plata, Moreno y Mercedes.
Dos modelos que conviven
Los primeros resultados de esta investigación cualitativa, todavía en análisis, ya delinean un hallazgo central: no hay un único modo de atender a estas personas, sino dos modelos que conviven —a veces dentro del mismo hospital— y que producen consecuencias muy distintas en la vida humana.
Por un lado, un modelo que las investigadoras denominan “coercitivo”, ante la sospecha o confirmación de consumo por parte de una persona usuaria, el personal de salud activa protocolos automáticos tales como la notificación inmediata al servicio local de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, sin evaluar antes si existen otras redes de cuidado posibles.
Por otro lado, un modelo de atención integral, que evalúa cada situación en particular, prioriza el vínculo afectivo de las personas gestantes y busca sostener —en la medida de lo posible— derechos como el de la lactancia. “Ambos modelos conviven en las instituciones de salud, no es que las instituciones optan por un modelo u otro”, explica Parga.
Uno de los debates que aparecen tienen que ver con los consumos problemáticos y los consumos episódicos. Parga expresa que “es un gran debate para quienes trabajamos en el tema de consumo”. “Cuando se trabaja desde una perspectiva de reducción de daños por un lado se distingue el consumo episódico —que puede ser episódico y con riesgo también-, y por otro lado hablamos de un consumo con dependencia, con una serie de vulnerabilidades y con determinados tipos de sustancias”.
Cuando se habla de embarazo la mayoría de los profesionales plantean que es innegociable el “consumo cero” de sustancias. Sin embargo, explica la investigadora, para situaciones de consumo problemático existen modelos a nivel internacional que plantean la reducción de riesgos y modelos de atención integral que buscan contener a la persona sin estigmatizarla ni vulnerar sus derechos.
Una de las principales preocupaciones al respecto se da en la cuestión de la lactancia. La recomendación general es que si se está en situación de consumo no se amamanta al bebé. En este sentido la investigadora cuenta que el sistema de salud tiene dos tipos de respuesta: uno donde se corta directamente la lactancia en caso de que el test toxicológico dé positivo; y otro en el que se plantea la posibilidad de hacer un seguimiento hasta que el test toxicológico dé negativo y mientras tanto se le administra al bebé leche por otra vía para una posterior relactación. No se trata solo de un problema clínico, sino de un deseo —el de sostener la lactancia— que muchas veces queda subordinado a decisiones tomadas sin ellas.
En el hospital de Moreno hay una experiencia de usuarias embarazadas que se reúnen semanalmente en un espacio de contención colectiva y que las investigadoras del LILSU destacan como experiencia de cuidado comunitario y colectivo de la salud mental, que nuclea la ley nacional 26.657. Se trata de AUPAR rondas de cuidado: un dispositivo del Programa Centro de dia Cuidarnos (abordaje y tratamiento en situaciones de consumo) dependiente de la Dirección general de apoyos comunitarios en salud mental, en articulación entre el Servicio Social del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Programa Cuidarnos de la Subsecretaría de Salud Mental del municipio de Moreno
Cuenta la investigadora que muchas de las usuarias entrevistadas hablan de la atención recibida con gratitud, destacando por nombre a la trabajadora social, la obstétrica o la obstetra que las acompañó. En el grupo de puérperas de Moreno, algunas usuarias entrevistadas llevaban más tiempo del mes mínimo que exige el programa y decidieron seguir yendo, porque el espacio, dicen, las hacía sentir bien.
Parga concluye que, desde la perspectiva del equipo de investigación, es importante continuar desarrollando políticas públicas de respuestas a las problemáticas de salud psicosocial desde una perspectiva de derechos.
Por Juan Vera Visotsky