En los últimos años fueron sancionadas leyes orientadas a terminar con el mandato “parirás con dolor”, y por iniciativa de los movimientos feministas se hizo foco en el maltrato y la violencia durante el embarazo, parto y puerperio.
Pero aun así algunos interrogantes siguen vigentes: ¿Qué es la violencia obstétrica? ¿Cuáles son sus formas? ¿De qué manera se ejerce? ¿Quiénes la ejercen? En ese contexto, un grupo de investigadoras y docentes de la Universidad Nacional de Hurlingham lleva adelante un proyecto de ciencia comunitaria para la elaboración de un informe que dé cuenta de la violencia obstétrica en el sistema público de salud en la provincia de Buenos Aires.
El proyecto se denomina “En respuesta a la violencia obstétrica: conocimiento producido colectivamente entre quienes parimos y quienes asistimos partos”, recibió financiamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires a partir de la convocatoria “Ideas-Proyecto” y es llevado adelante por las investigadoras y docentes Camila Cánepa, Beatriz Peralta y Romina Vasco.
“Esto surge por una cuestión coyuntural”, dice Cánepa. La Universidad Nacional de Hurlingham abrió el año pasado la carrera de licenciatura en obstetricia. En ese primer año hubo más de 700 inscriptas/os a la carrera. “Esto significa una oportunidad y una responsabilidad muy grande para con las personas que se acercan buscando formarse”, se plantea Camila Cánepa. Y adelanta: “podría ser un espacio muy interesante para la construcción de un sistema de salud con perspectiva de género”.
La iniciativa apunta a “lograr un informe con datos sistematizados sobre las formas de violencia obstétrica en el sistema público de salud en provincia de Buenos Aires”. La novedad en esto es que se hará convocando a la participación ciudadana en lo que se denomina “ciencia comunitaria”.
En este informe se sistematizará el conocimiento producido colectivamente sobre la prevalencia y las formas de la violencia obstétrica que ocurren a nivel local, en el ámbito de la salud pública y sus consecuencias. Cánepa afirma que “esto también implica una serie de actividades de concientización para trabajar con alumnas/os de secundaria de adultos y una red entre instituciones (escuelas-universidad-salitas-hospital) que se constituya a partir de este trabajo, y que también será una herramienta para trabajos venideros de extensión universitaria”.
Se comenzará trabajando con los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) de Hurlingham. “El eje de trabajo es la educación como fortalecimiento de la ciudadanía. Buscamos generar herramientas que empoderen a diferentes actores de la sociedad porque la información nos deja menos vulnerables”, asegura Cánepa.
“La idea es que este informe que se genere sirva como material bibliográfico para la carrera de obstetricia, para acercar a esos estudiantes a lo que será su realidad profesional, que puedan cuestionarse sobre su propia labor, y que además puedan ser actores de cambio con respecto a su entorno”, puntualiza Cánepa.
Pero también el proyecto busca que lo generado en sociedad vaya hacia la sociedad: Que esta se familiarice con lo que significa la violencia obstétrica “y entonces las personas gestantes puedan exigir un trato no violento, que puedan denunciar si esto ocurre, que las personas no gestantes que acompañan esos procesos puedan estar atentas/os a estas cuestiones, que el personal de salud sepa que lo que está haciendo está mal, que lo que está haciendo es violentar a una persona. Y para que el Estado sepa y actúe en función de esa violencia que se está ejerciendo”.
El problema, en contexto
La OMS indica que en América Latina y el Caribe la violencia obstétrica es un problema generalizado. En nuestro país “están las organizaciones feministas vehiculizando esto con un trabajo hecho a pulmón”, dice Cánepa. Pero, advierte que “no hay mucho desde un abordaje científico sobre el tema”.
Esos dos trabajos hechos a “pulmón” fueron formulados por el proyecto Argentina Cuenta La Violencia Machista del movimiento #NiUnaMenos; el otro, es el impulsado por la ONG Las Casildas. Desde lo legislativo, en el país existen dos leyes que dan cuenta de este problema.
En los últimos años se sancionó la Ley N°25.929 de Parto Humanizado reglamentada en 2015. Esta establece el derecho de las personas gestantes a “recibir un trato digno, amable y respetuoso, y a no ser discriminadas…”. En tanto, la Ley N°26.485 “De protección integral a las mujeres”, sancionada en 2009, define Violencia Obstétrica como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929”
Pero ¿cuáles son las formas que adquiere la violencia obstétrica? Un informe del Programa Provincial de Salud Reproductiva plantea que no existe todavía un consenso sobre cómo definir y medir el maltrato, la falta de respeto y actitudes abusivas. Esto es un problema: no hay indicadores ni sistematización de datos que permitan pensar en más y mejores políticas públicas, entre otras cuestiones.
“Ellos titulan este informe como ‘violencia obstétrica: un problema estructural y actitudinal’. Esto ya nos habla de la complejidad y apuntar a resolverlo implica irse a las bases”, indica Cánepa.
La investigadora afirma que “hay una actitud cristalizada en las/os profesionales. No es suficiente con capacitaciones (en el marco de la Ley de Parto Humanizado) porque es una cuestión estructural y como tal no se resuelven de un día para el otro”. Además, el abordaje pareciera limitarse al personal de salud.
“En la Ley de Protección Integral a las Mujeres se define la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género ejercida por el personal de salud; entonces, nos podemos preguntar si el personal administrativo o la institución quedan exentos de esta situación”, dice Cánepa.
La investigadora asegura que “muchos problemas del sistema de salud tienen que ver con una cuestión de financiamiento, pero gran parte del problema se podría corregir desde una cuestión de actitud”.
En ese sentido, el proyecto busca contestar algunos interrogantes. “Si no sabemos qué es la violencia obstétrica, cómo podemos hacer para cuantificarla. Muy lejos vamos a estar de dimensionar el problema”, indica. Y agrega: “Es más fácil meter debajo de la alfombra algo que no tiene forma”.
Las consecuencias de esto se expresan en un informe de Make Mothers Matter que afirma que, al menos, hasta 2019 no existían sentencias judiciales que específicamente hayan tratado la violencia obstétrica, ni siquiera junto con otros reclamos.
“¿Cómo definimos qué es un trato irrespetuoso u ofensivo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se mide ese maltrato? Y otra de las grandes incógnitas es cómo se miden las consecuencias de ese maltrato. Y cómo estas consecuencias sobre la persona se pueden extrapolar a su hija/o. Todo esto con una encuesta cerrada nos queda chico, entonces nos pareció generar un espacio de encuentros”, detalla la investigadora.
Ciencia comunitaria: el desafío de generar conocimiento colectivamente
Una encuesta cerrada es insuficiente para dar cuenta de las formas que adquiere la violencia obstétrica. En ese sentido Cánepa junto a Peralta y Vasco indican que para abordar esta problemática “hay una necesidad de acercarse, caminar la calle, de escuchar qué está pasando. Y luego sí, será necesario analizar, categorizar, generar una sistematización de esa información para, en un paso posterior, generar una encuesta masiva”.
“Lo que nos da mucha satisfacción es que encontramos en la Universidad Nacional de Hurlingham y con el apoyo de la CIC, la posibilidad de hacer algo que se corre un poco de la estructura de la academia tradicional. Acá ponemos en juego algo que nos convoca muchísimo: la ‘ciencia comunitaria’”. Pero ¿de qué manera se hace ciencia desde y con la sociedad?
“Planteamos un problema e invitamos a la ciudadanía a participar de esto. Una red de distintos actores sociales en pos de buscar una solución en un escenario abierto: estudiantes de la modalidad de adultos, docentes de nivel secundario y universitario en las aulas, con el fin de democratizar un montón de información que constituye parte de los derechos de personas gestantes y no. Y tenemos al Estado apoyando esto; tenemos a la Universidad como formadora de personal de salud”, explica.
“Buscamos que este entramado que nos permite hablar de ‘ciencia comunitaria’ incluya a toda la sociedad, no solo a la persona gestante; que concretamente haya hombres escuchando a una mujer cómo fue violentada y qué consecuencias tuvo. Esto tiene su valor”, explica.
Cánepa agrega: “Queremos generar un ámbito de confianza, de diálogo, de palabra que circule y se pueda reflexionar, en ese contexto. Porque ir a buscar datos en los centros de salud iba a tener un sesgo muy grande”.
“El impacto concreto que queremos que tenga en las personas gestantes es que puedan reflexionar sobre sus situaciones; las que parieron y las que van a parir, que puedan llevarse información, que las empodere y las deje menos vulnerables”, indica Cánepa.
Por otro lado, destaca que “frente a recortes de presupuesto en Ciencia y Tecnología del gobierno pasado con el argumento de que la ciencia no llega a la sociedad o no sirve porque está dentro del laboratorio y nada más; este proyecto reivindica que la ciencia somos las personas que estamos acá, que nos corremos del espacio de la Universidad cerrada, porque creemos que colectivamente podemos encontrar soluciones a los problemas. Y, probablemente, esas soluciones sean más eficaces si se generan de esa manera”. Y cierra: “si me decís qué esperamos encontrar: es una incógnita hermosa y un desafío muy grande”.
Por Alejandro Armentia